Julio A. Carles
 
 Ciudad de Panamá, jueves, 11 de febrero de 2010 (ALC) – Sectores de la vida nacional y la Iglesia Católica, a través de su órgano de información, hacen un llamado al presidente Ricardo Martinelli para que detenga la “desmedida ambición de poder”, que está llevando al país a lo que podría ser la ³peor crisis política institucional de las últimas décadas”
 
La preocupación de la entidad religiosa se plantea en el Semanario Panorama Católico, que señala que, ante la situación surgida en la Procuraduría de la Nación, ”por encima de a quién le cabe la razón, está el interés y la paz social de la nación”.
 
La Iglesia considera que ³someter al país al sobresalto, la decepción, y la disputa institucional es un “acto peligroso”, cuyas consecuencias, ”temprano o tarde, nos harán pagar un precio muy alto”.
 
Mientras que el constitucionalista Miguel Antonio Bernal advierte que estamos frente a un Ejecutivo que no cesa en su excesiva acumulación de poder, lo que puede resultar ”peligroso² para el país.
 
La opinión de Bernal es compartida por el diputado perredista Leandro Ávila, quien sostiene que muchas de las acciones del Ejecutivo conducen a una ”ran crisis”.
 
Desde su instalación, el Gobierno ha proyectado sus acciones a la concentración de mayor poder del que le otorga la Constitución.
 
La inquietud de la Iglesia se suma a la de grupos de la sociedad civil. Algunos apoyaron, abiertamente en la pasada campaña electoral, la candidatura de Martinelli, pero ahora orquestan el resurgimiento de la Cruzada Civilista Nacional que, en la década de 1980, se opuso a la dictadura militar y llevó al derrocamiento del último dictador de Panamá: Manuel Antonio Noriega.
 
Constitucionalmente el Ejecutivo tiene la facultad de elaborar y ejecutar el Presupuesto General del Estado. Dispone cuánto se le asigna a cada uno de los demás órganos y la manera en que se ejecuta, lo que le permite un control total, según Bernal.
 
Milton Henríquez, presidente del Partido Popular de oposición, considera que la Asamblea Nacional también debe cambiar su conducta ”complaciente”.
 
Las acciones de Martinelli para dominar las estructuras del Estado fueron claras desde el principio. La mayoría oficialista en la Asamblea nombró como controladora a Gioconda Torres de Bianchini, la ex-auditora de las empresas del presidente. Esto, a pesar de prometer en campaña que este puesto sería para un independiente.
 
La Asamblea también ratificó a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Almengor y Alejandro Moncada, allegados al gobernante.
 
A la salida de la procuradora Gómez, la semana pasada, se suma la sorpresiva renuncia del fiscal electoral Boris Barrios y el temor de los magistrados del Tribunal Electoral a que los saquen de sus puestos, a través de un proceso legal abierto en su contra.
 
El Gobierno también apunta a controlar los medios de comunicación. Luego de criticar la programación y los noticieros de las televisoras, la diputada de su partido Cambio Democrático, Dalia Bernal, propuso, primero, la reactivación de la Junta de Censura y, luego, la autoregulación para periódicos y radios.