La Defensoría de los Habitantes impugnó esta tarde la resolución emitida por el Regulador General donde autorizó un aumento en promedio de un 5,1% las tarifas de autobuses a nivel nacional, debido a una serie de inconsistencias en su fundamentación que afectan a los y las usuarias del servicio. Entre las situaciones detectadas por la Defensoría, está si el estudio de oficio aplicado por la Aresep es ordinario, extraordinario o como también se plantea en la resolución, si se trató de un análisis complementario de costos. Esta diferenciación es sustancial debido a que si la fijación es ordinaria se debieron haber incluir todos los costos que incurre la empresa prestataria, incluso las inversiones, pero si es extraordinaria, se tienen que ajustar las tarifas a partir de las variaciones en el entorno económico con el agravante que este procedimiento y modelo fue dejado sin efecto por la Sala Constitucional. Para la Defensoría, si se compara la metodología utilizada en una fijación nacional de tarifas de buses en el año 2005 con la aplicada en el 2010, se puede comprobar que se trató de la misma fórmula extraordinaria tanto en el diseño como en su aplicación, la cual fue y es cuestionada por esta Defensoría y a la vez eliminada por el máximo órgano constitucional. Ahora bien tampoco es cierto, a criterio de esta Defensoría, que el estudio tarifario se trata de un análisis complementario de costos, porque la misma Aresep afirma que no solo abarca la variación de los costos sino también los cambios en la inversión que han incurrido las empresas, variable última que no se tomó en cuenta. Adicionalmente esta herramienta “análisis complementario de costos” no ha sido sometida a audiencia pública como lo establece el artículo 36 de la Ley de Aresep. Otro aspecto al que se refirió la Defensoría en el recurso de revocatoria, tiene que ver con el eventual otorgamiento de tarifas a empresas de transporte público que no se encontraban al día en el pago de las cuotas obrero patronales con al CCSS, al momento de iniciarse el procedimiento de fijación de tarifa. En ese sentido, la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, manifestó su desacuerdo con la interpretación que hace Aresep de su obligación de velar por el cumplimiento de las cargas sociales, ya que estima el ente regulador que la ley es omisa en la forma y el momento procesal para hacerla efectiva. “Esta interpretación permite entonces establecer una diferenciación inadecuada, inconveniente y sin sustento suficiente, en cuanto a que la exigencia de la certificación de estar al día en el pago a la Seguridad Social sea contemplada únicamente como requisito de admisibilidad en los casos en que la petición tarifaria sea promovida por la empresa y no cuando la fijación sea promovida por la Aresep como sucedió en este caso”, enfatizó la Defensora de los Habitantes. Ante tal situación, la Defensoría sostiene que se está abriendo un portillo para que algunas empresas continúen evadiendo el pago de los aportes sociales, afectando el sistema de seguridad social del país, en perjuicio de todos los habitantes, sobre todo si se toma en cuenta el hecho de que un número de empresas de transporte público no acuden en forma individual a solicitar ajustes en las tarifas, sino que esperan los procedimientos de fijación tarifaria que de oficio realiza la Aresep, pues con ello evaden entonces la fiscalización que este ente debe realizar en torno a la prestación del servicio que estas empresas brindan. Oficina de Prensa Defensoría de los Habitantes Viernes 26 de febrero del 2010