Daniel Soley Gutiérrez, Ex Defensor Adjunto de los Habitantes
A propósito del 61 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quisiera compartir el vínculo inseparable que tienen estos, con el adecuado desarrollo humano como proceso de ampliación de las opciones de las y los habitantes de un país, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la consolidación de sus libertades.
Cuando se piensa y actúa en función de los derechos humanos, es esencial el deber promover y garantizar la libertad, el bienestar y la dignidad de las personas en todas las sociedades, con una clara pretensión de universalidad.
La tutela de los derechos humanos debe favorecer su propia evolución para la consolidación de los ya existentes y propiciar el reconocimiento de aquellos nuevos que puedan derivarse.
Un “catálogo de derechos humanos”, en cuanto a su contenido y alcance, dependerá fundamentalmente del momento histórico, de la necesidad social y de la fuerza representativa que los reclama y que inciden con su aplicación directa en la sociedad. Sin duda alguna podría anteponerse lo anterior a la afirmación de que por su sola razón de ser y existir son inherentes al ser humano y de ahí parte la obligación de tutelarlos y garantizarlos, por constituir parte de la dignidad propia de cada uno de nosotros.
Sin embargo su efectividad plena e incondicional eficacia hacen que trasciendan el ámbito de meros valores a verdaderos derechos, cuando un verdadero Estado Democrático los incorpora en su Carta Fundamental, pues, en palabras del Defensor del Pueblo español Múgica Herzog, “la eficacia socio-jurídica de una proclamación quedará siempre muy mermada mientras esos derechos proclamados no se incorporen, en plenitud, al ordenamiento positivo correspondiente y se consiga que sean vividos de manera cotidiana sin sobresaltos ni perturbaciones”.
Los derechos humanos aportan los principios de responsabilidad y justicia social al proceso del desarrollo humano y es por esto que deben ponerse en primer lugar la integralidad del ser humano, su dignidad natural y con ello, la satisfacción de sus necesidades en aras de una mejor calidad de vida.
Su inobservancia o ausencia en la promulgación de una política pública se traduce en el retroceso inexorable de nuestra sociedad para alcanzar un desarrollo integral, pleno, justo y equitativo. La desigualdad social que se convierte en inequidad, carcome la aspiración de alcanzar un verdadero desarrollo humano y riñe de frente con cualquier visión —aunque sea incipiente— de justicia y solidaridad.