La Defensoría de los Habitantes anunció hoy que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV sobre el proyecto de ley que aumentaría los ingresos de las y los diputados, a partir de dudas derivadas de la misma iniciativa y de su relación con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

El proyecto de ley número 17684 fue publicado en el diario oficial La Gaceta hasta el pasado jueves 20 de mayo, en el alcance número 10, edición 97. El mismo pretende reformar el artículo 2 y derogar el artículo 5 de la Ley de Remuneración de las y los Diputados de la Asamblea Legislativa, donde se pretende una fijación de la asignación mensual de los legisladores tomando como punto de referencia el ingreso total que percibe la Contralora General de la República.

La intención de la Defensoría es que la Sala Constitucional se pronuncie respecto a la autonomía que el artículo 113 de la Constitución Política le otorga a los diputados para que determinen, por ley ordinaria, sus ingresos mensuales versus la prohibición contundente que se establece posteriormente con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

“Es necesario que la Sala Constitucional dimensione los efectos de la reforma del artículo 113 de la Constitución Política en 1984 que fija la asignación y las ayudas técnicas administrativas de las señores y señores diputados, a la luz de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito del año 2004 que sí prohíbe claramente legislar en beneficio propio. La acción se presentará en las próximas horas”, dijo esta tarde Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes.

Adicionalmente la acción se plantearía en torno a la eventual ausencia de un sustento técnico sólido que fundamente el aumento y, que observe los parámetros constitucionales de proporcionalidad y razonabilidad del mismo, para los cuales deben ser considerados elementos extra-jurídicos citados en pronunciamiento tanto por la Procuraduría General de la República como la Sala Constitucional, tales como: el nivel de salarios general del país para la alta función pública; si existen los medios para pagar dichos salarios sin perjudicar gastos esenciales del Estado; incidencia de esos salarios en el déficit fiscal o que puedan ser fuente de conflictos económicos-sociales y, la consideración a los índices llevados por órganos técnicos como el Ministerio de Hacienda, Trabajo y otros.

Dentro de las inconsistencias del proyecto también se incluye la afirmación de que los salarios de la Defensoría de los niveles gerenciales son superiores a los de la Asamblea Legislativa, situación que no es cierta. Más bien, desde la administración anterior y en la última gestión realizada a inicio de abril, se presentó una solicitud de ajuste sustentada en criterios técnicos que demuestran el desfase existente entre los salarios de los funcionarios de la Defensoría con respecto otras instituciones públicas en categorías y clases similares, e incluso si se comparan con los de la misma Asamblea.

Otros aspectos a analizar

Otro de los posibles vicios que estudia la Defensoría del proyecto de Ley 17684 se  refiere al hecho de que su trámite legislativo empezó sin haber sido publicado en el diario oficial.

Además llama la atención que el segundo artículo del proyecto que deroga el artículo 5 y que se refiere a la asignación de 500 litros de combustible al mes, pasa a ser parte de los gastos de representación y por lo tanto, no se elimina.

“El proyecto publicado en el diario oficial La Gaceta no incluye regulación alguna respecto al régimen de prohibiciones que se ha venido anunciando públicamente, situación que debe ser aclarada”, agregó la Defensora de los Habitantes.

Oficina de Prensa

Defensoría de los Habitantes