Natasha Pitts, Periodista de Adital – Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

A comienzos de esta semana, una matanza conmovió al mundo. 74 inmigrantes de varios países, que intentaban llegar a Estados Unidos por la frontera mexicana fueron muertos. La sospecha más fuerte es que la autoría del delito sea del cartel ‘Los Zetas’. Hasta este momento, cerca de 20 cuerpos ya fueron identificados. Los demás siguen pasando por el proceso de autopsia. Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes condenaron al Estado mexicano por la política migratoria fallida.

72 cuerpos de hombres y mujeres migrantes fueron encontrados el último martes (24), en una hacienda cerca de San Fernando, en el Estado de Tamaulipas, México. Este viernes (28), se encontraron otros dos cuerpos. Las investigaciones realizadas hasta el momento todavía no consiguieron precisar qué fue lo que motivó las muertes. Según informaciones enviadas a Radio W por el portavoz de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, se cree que los migrantes fueron muertos después de negarse a colaborar con los miembros de Los Zetas.

El hecho repercutió en todo el mundo y provocó fuerte indignación en las organizaciones que luchan por los derechos de los migrantes. Dos días después que los cuerpos fueron encontrados, la Casa del Migrante de Saltillo condenó el acto criminal y manifestó que el hecho no es un hecho aislado, sino que “corresponde a todo un escenario de persecución y muerte, en el que las personas migrantes sufren la condición de invisibilidad a la que son condenados por la política migratoria actual”.

La organización mexicana rebatió la afirmación del gobierno federal de que la masacre es parte de los conflictos entre grupos delictivos y reveló que la matanza confirma los testimonios de muchas víctimas, que denunciaron el accionar de los grupos del crimen organizado, que reclutan a migrantes para la explotación laboral y sexual, así como para otros fines ilícitos.

Sobre el caso, la comisaria del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Cecilia Romero, lamentó no haber sido posible rescatar a las víctimas, como se realizó con 812 migrantes recuperados, este año, de 16 casas de seguridad controladas por el crimen organizado en el estado mexicano de Tamaulipas.

Representantes pastorales mexicanos también criticaron la postura del IMN y la falta de voluntad para aceptar que la realidad migrante está teñida por una constante violación de los derechos humanos de los que buscan oportunidades de empleo y una vida mejor en otras naciones, y que para ello cruzan México. Los representantes pastorales también afirmaron que hace más de cuatro años denuncian a las autoridades mexicanas que los migrantes del nordeste del país son secuestrados y asesinados por el cartel de Los Zetas. Durante todo este tiempo nada se hizo.

Cada año, cerca de 300 mil personas cruzan, ilegalmente, la frontera mexicana con el propósito de llegar a Estados Unidos. Muchos de estos migrantes terminan siendo víctimas de extorsión, robo, estupro y secuestro. Según informaciones del INM, solamente este año el gobierno mexicano ya envió al país de origen a 43.500 inmigrantes ilegales.