San José, miércoles 7 de octubre de 2009. El día de hoy, a las 10 de la mañana, las señoras y señores Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), realizaron la convocatoria a las Elecciones Nacionales que se llevarán a cabo el próximo 7 de febrero del 2010, donde darán inicio oficial al proceso electoral.

La actividad convocó a todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para que – ejerciendo el derecho constitucional al sufragio en votación obligatoria, directa y secreta – concurran a las respectivas Juntas Receptoras de Votos (JRV) el día de las elecciones.

Dicha actividad se realizó en el auditorio de la institución y contó con la participación en mesa principal del Presidente de la República, Óscar Arias Sánchez, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Francisco Antonio Pacheco, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora y la Ministra de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Janina Del Vecchio.

Allí se dio el banderazo inicial para elegir al Presidente y los 2 Vicepresidentes de la República, 57 Diputados a la Asamblea Legislativa y 495 regidores propietarios y 495 regidores suplentes.

Además, durante esa misma actividad se realizó el acto simbólico del traslado de la fuerza pública a manos del TSE, haciéndose efectivo el mandato contenido en el artículo 102 inciso 6) de la Constitución Política, esto con el fin de poder adoptar las medidas pertinentes para que el proceso electoral se desarrolle en condiciones de garantías y libertad irrestrictas.

Según el artículo 147 del Código Electoral, la convocatoria a elecciones se hace 4 meses antes de la celebración de las elecciones.

Otros detalles de la elección

Las votaciones tendrán lugar en todo el territorio nacional el próximo 7 de febrero de 2010 sin interrupción alguna, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Según el cronograma electoral, el plazo que tienen los partidos políticos para inscribir las candidaturas -ante el Registro Civil- a los anteriores cargos de elección popular, inicia a partir de la convocatoria y finaliza el 23 de octubre, a las 4 de la tarde.

Actualmente hay 71 agrupaciones políticas inscritas en el TSE, de las cuales al día de hoy solamente 49 habían renovado sus estructuras.

El TSE tiene contemplado para las Elecciones Nacionales del próximo año, 7 mil 850 millones de colones, monto que incluye dineros presupuestados en los años 2008, 2009 y 2010.

También para esta ocasión cada Junta Receptora de Votos tendrá un máximo de 500 electores. Esto facilitará la organización electoral como el empaque, distribución y recolección del material así como la transmisión de los datos el día de las elecciones.

Además, para estos comicios habrá 2018 distritos electorales en todo el país.

El padrón electoral –al mes de agosto- lo componían 2 millones 807 mil 351 electores.

ES HORA DE CRECER *

“El verdadero demócrata es aquel que valiéndose de medios

exclusivamente no violentos defiende su libertad y, por lo tanto,

la de su patria y, en última instancia, la del género humano.

La democracia disciplinada y lúcida es lo mejor del mundo.

Una democracia llena de prejuicios, ignorante y supersticiosa

se debatirá en el caos y hasta es posible que llegue a

destruirse a sí misma”.

Ghandi

¡Buenos días!

Costa Rica es una república “democrática” pues, de acuerdo con la Constitución, en ella la soberanía “reside exclusivamente en la Nación”.  De ahí que su gobierno sea calificado como “popular” y “representativo”

Para asegurar el carácter representativo de los gobernantes, tanto nacionales como locales, se declaran de elección popular el Presidente de la República, los diputados a la Asamblea Legislativa y las principales autoridades municipales; con el mismo propósito, todos ellos están sometidos a mandatos limitados en el tiempo, por lo que el gobierno también se adjetiva constitucionalmente como “alternativo”.

Hasta 1998 las elecciones nacionales y las municipales se hicieron de modo concurrente, el primer domingo de febrero cada cuatro años.  Sin embargo, en virtud de lo dispuesto en el Código Municipal de ese año, los alcaldes municipales y los concejales de distrito se tornaron funcionarios de elección popular a elegir, conjuntamente con los síndicos, en una elección autónoma que, en el 2002, 2006 y 2010, ha correspondido verificar el primer domingo del mes de diciembre siguiente a la elección nacional.  Reformas electorales recientemente dispuestas harán que, a partir del 2016, la elección municipal se celebre a mitad del período presidencial y que, en ésta, se designen a todos los funcionarios municipales de elección popular, es decir, incluyendo a los regidores que, del 2002 al 2010, han seguido eligiéndose conjuntamente con el Presidente y los diputados.

Tal y como ha sucedido de manera ininterrumpida desde hace más de media centuria, hoy estamos llamando a los costarricenses mayores de dieciocho años para que, por medio del voto que emitirán en cuatro meses, definan la renovación democrática del poder gubernamental.

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Se da el banderazo de salida de este nuevo proceso electoral en un momento muy significativo.  Exactamente en un mes se celebra el sexagésimo aniversario de la promulgación de la Constitución vigente y, siendo su vástago, del nacimiento del Tribunal Supremo de Elecciones; aquélla lo concibió como un robusto organismo electoral, dotado de excepcionales garantías de autonomía e imparcialidad.  Esto le ha permitido administrar, con solvencia, catorce elecciones generales y dos comicios municipales autónomos, así como resolver sus distintas controversias.  Hay que recordar, también, que hace justamente dos años se verificó el primer referéndum nacional de la historia, de cuyas luces y sombras todos hemos aprendido; respecto de las primeras, pudimos apreciar un entusiasmo participativo y un renovado interés ciudadano en lo público y en la política, que hay que saber aquilatar y mantener.

Aunado a estos aniversarios, festejamos hace poco más de un mes la promulgación del Código Electoral del siglo XXI, obra y mérito de todas las fuerzas políticas y de la sociedad costarricense en su conjunto.  Esa nueva regulación es propicia para madurar y dar por concluida la era de adolescencia de nuestro comportamiento electoral colectivo.

Ello supone, en primer lugar, comprender y aceptar, como sociedad, que la democracia y sus procesos electorales no son fenómenos que nos vienen dados, ni responsabilidad exclusiva del Tribunal Supremo de Elecciones, sino que los construimos entre todos.  A fin de cuentas, cada uno de los costarricenses seremos los orfebres de un destino común, marcado por los resultados de las próximas elecciones; todos también, en una medida u otra, seremos los responsables de la calidad de este proceso electoral y de saber o no aprovechar las oportunidades que depare.

El perfeccionamiento democrático y electoral demanda, además, actitudes sociales de mayor madurez: la queja reactiva ha de ser sustituida por el comportamiento proactivo y propositivo; el nihilismo maniqueo, por la participación comprometida; la autoindulgencia y pasividad, por un involucramiento político responsable.

Nunca más vigente la célebre frase de Kennedy: “no preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país“.  Por ello, es hora no sólo de reclamar derechos, sino especialmente de cumplir los deberes que, de acuerdo con el remozado régimen electoral, se asignan a los distintos protagonistas de las elecciones.

A los electores no se les exige únicamente dedicar unos cuantos minutos, el próximo 7 de febrero, en su cita con las urnas.  Se espera personas interesadas y empoderadas de su ciudadanía, dispuestas por tanto a integrarse a los partidos políticos; a servir en las mesas de votación; a desempeñarse como delegados del Tribunal o integrarse a su ejército de auxiliares electorales; a actuar como observadores nacionales de las elecciones; o, por lo menos, a hacer el esfuerzo por elegir racionalmente, previa búsqueda de la información necesaria para esos efectos.

Los jóvenes electores en particular, más proclives a la abstención electoral, han de convencerse de que su renuencia frente a las urnas no tiene efecto real alguno, más allá de dejar que otros elijan por ellos, y que, en realidad, son la parte de la población que más tiene en juego en la próxima elección: ni más ni menos que su futuro y la Costa Rica cuya conducción pronto heredarán.

A los partidos políticos no les bastará presentar candidatos y hacer propaganda.  Esas agrupaciones, pieza esencial para canalizar la participación política, tienen otras responsabilidades inherentes a su condición y de naturaleza indeclinable, como lo es la eficaz fiscalización del proceso electoral.  Del mismo modo, la nueva legislación electoral les brinda mejores condiciones para incrementar su institucionalización, transparencia en el manejo de recursos y democracia interna, así como para ser organismos permanentes y no intermitentes de interlocución política; metas que deben asumir con sinceridad para recuperar prestigio ciudadano.

A las autoridades gubernamentales, por su lado, se les exige respeto absoluto a la regla constitucional de neutralidad en los procesos electorales, que les obliga a respetar –sin excusas ni trampas– la veda publicitaria y las prohibiciones de participación política, así como a abstenerse de utilizar recursos públicos para favorecer a cualquier agrupación política.

Es fundamental que los medios de comunicación colectiva también se comprometan con el proceso electoral promoviendo un debate político del más alto nivel posible y, sin perjuicio de su libertad editorial, ofrezcan a todos los partidos igualdad de trato en la colocación de propaganda.  De los medios electrónicos, en especial, es también de esperar que acaten su deber legal de facilitar al Tribunal un espacio gratuito de media hora semanal, para la difusión oportuna de información electoral relevante.

A todos los costarricenses, cada uno desde su particular trinchera, nos compete alentar y velar por ciertos mínimos de ética y racionalidad política en la campaña electoral que hoy inicia oficialmente, a saber:

• Debemos asumir con prudencia y sensatez el debate preelectoral, pese a la pasión que inviertan los distintos discursos políticos; al fin y al cabo es una discusión entre costarricenses, en donde no tiene cabida la violencia ni la intolerancia.
• Ha de ser una campaña en que prime la discusión de ideas y el respeto por el adversario.
• No son tampoco admisibles las estrategias de descalificación anticipada de la institucionalidad electoral, sobre la base de mitos, de teorías conspirativas o de conceptos que, injustificadamente, pongan en duda su transparencia e imparcialidad.  El Tribunal no es enemigo de nadie, sino facilitador de todos.
• Hemos de exigir humildad a quien triunfe en las urnas y sabiduría al que salga derrotado.  Es una muestra mínima de respeto para el elector, quien merece, además, que los contendores no se declaren vencedores antes del pronunciamiento oficial del Tribunal.

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He dejado para el final una reflexión sobre la importancia que tienen en nuestro régimen electoral las juntas electorales, al ostentar una reforzada importancia en la acreditación del resultado comicial.

No es gratuito que la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones haya sido legalmente denominada “Ricardo Jiménez Oreamuno”.  Ese ilustre costarricense –único en la historia patria en encabezar los tres Poderes del Gobierno– tuvo un papel destacado en la construcción de nuestra democracia electoral. Siendo Presidente de la República –responsabilidad que los costarricenses le asignaron en tres ocasiones distintas– impulsó y logró tres cambios constitucionales claves para el fortalecimiento del sufragio: el voto directo y la universalización del sufragio masculino en 1913 y, en 1925, el voto secreto.

Pues  bien, debemos también al “Brujo del Irazú” haber sugerido en 1905 una reforma a la legislación electoral que, entre otros aspectos, proponía que los partidos políticos pudieran tener fiscales en las juntas electorales.  Aunque esta propuesta fue rechazada en esa oportunidad, en 1909 se concreta la iniciativa y, mediante el Código Electoral de 1952, se agrega que las juntas estarán integradas por electores propuestos por los partidos.  Como resultado de ello, se logra “ciudadanizar” el proceso de recepción y acreditación de los sufragios, que originalmente estuvo exclusivamente en manos de autoridades designadas por el Poder Ejecutivo.  Bajo la filosofía de que “la gente confía en la gente”, esto conllevó, además, un esquema de control mutuo entre las fuerzas políticas dentro de las mesas de votación.

El blindaje de la pureza electoral se logra con la acción concertada de todos los organismos electorales.  La previsión de juntas electorales ciudadanizadas, integradas a partir de personas propuestas por los partidos y cuyo accionar es celosamente fiscalizado por representantes directos de las mismas agrupaciones, es clave en este ámbito.  Su fortaleza radica en que se distribuye la autoridad entre miles de instancias independientes de decisión, en cuyo seno se asegura el autocontrol partidario, lo que ofrece sólidas garantías contra la corrupción electoral.  Es por ello que el sistema confía en las decisiones de las juntas electorales, cuya validez se presume en situaciones no conflictivas y, por ende, sólo las revisa el Tribunal cuando medie inconformidad partidaria fundada o circunstancias calificadas.

Ahora bien, los últimos procesos electorales evidenciaron las dificultades que han enfrentado los partidos para integrar las juntas receptoras de votos, así como para designar suficientes fiscales; su capacitación, además, no siempre ha sido idónea.   Esas dificultades fueron precisamente las que obligaron al Tribunal a considerar la figura del auxiliar electoral, hoy prevista legalmente, como medio sensato para garantizar el funcionamiento confiable de las mesas de votación y su misma apertura el día de los comicios.

Pero, no por ello, debe hoy el Tribunal dejar de resaltar el gran honor y la grave responsabilidad que pesan sobre los miembros de las juntas electorales, cuyo rol debe ser constantemente reconocido como un voluntariado cívico inapreciable.  Se trata del engranaje insustituible de la libertad electoral, que asegura el escrupuloso respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.  Es más: el nuevo Código Electoral obliga al Tribunal a estimular ese servicio voluntario en pro de la democracia.

Pero también los partidos tienen grandes retos sobre el particular, debiendo esforzarse al máximo por superar las dificultades descritas y recuperar su capacidad fiscalizadora. Más ahora, que el Estado les proporcionará recursos incluso por adelantado, lo que les facilitará enfrentar los costos que, en términos de capacitación y viáticos, demanda una solvente infraestructura fiscalizadora.

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Señores Presidentes de los Supremos Poderes: el Tribunal hace hoy un nuevo llamamiento electoral y, ante ustedes, invita a los costarricenses a vivir con alegría y entusiasmo esta singular ocasión de vivificar la democracia nacional.  Pero hagámoslo con actitudes de mayor madurez cívica.  Sabemos que duele crecer y que atemoriza cambiar, pero vale la pena.

Cierro también citando a Ghandi, quien sostenía que “Para avanzar no hay que rehacer la historia sino renovarla. Tenemos que añadir algo a la herencia de nuestros antepasados”.

¡Muchas gracias!